El 14 de noviembre de 2009, un ciudadano mexicano hizo lo que el Estado nunca hizo: denunciar a José Benjamín Chow del Campo ante las autoridades de los Estados Unidos. Esa persona fue Simón Levy. Diecisiete años después, el 14 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro finalmente actuó: sancionó a los casinos de Chow y a su empresa CAMSA por servir como infraestructura del Cártel del Noreste para lavar dinero, almacenar fentanilo y torturar personas.

Entre esas dos fechas hay 17 años de impunidad protegida por el Estado mexicano. Y la línea que conecta todo es una sola: Benjamín Chow y Juan Pablo Penilla operaban en la misma red de casinos al servicio del Cártel del Noreste. Los casinos de CAMSA, propiedad de Chow, eran el vehículo de lavado de dinero que Penilla facilitaba como operador del CDN y enlace con el Z-40. Y Penilla era asesor personal del gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, desde enero de 2023.

Es decir: el hombre que Simón Levy denunció en 2009 terminó operando la misma red de casinos que el asesor del gobernador de Tamaulipas. Y Morena no solo no lo persiguió: lo premió. En noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas le otorgó a CAMSA — la empresa de Chow — más de un millón doscientos mil pesos por adjudicación directa. La Fiscalía que debería investigar al crimen organizado le compraba pantallas al socio operativo del asesor del gobernador en la red de lavado del cártel. No fue omisión. Fue premio.

Ningún medio de comunicación mexicano había logrado descifrar esta conexión hasta ahora. La prensa reportó las sanciones de la OFAC contra los casinos. Reportó los contratos de la Fiscalía de Tamaulipas a CAMSA. Reportó la sanción a Penilla. Pero nadie conectó los puntos: que Chow y Penilla operaban en la misma red, que el mismo Chow fue demandado bajo el RICO Act federal (la ley anti-crimen organizado de los Estados Unidos) por inversionistas estadounidenses que alegaron un patrón de actividad criminal — una demanda que se resolvió para concentrar recursos en la vía internacional —, y que esos mismos inversionistas mantienen activo un arbitraje contra los Estados Unidos Mexicanos ante un tribunal del ICSID bajo el Capítulo 11 del TLCAN, cuyo laudo puede costarle a México cientos de millones de dólares.

Y aquí está la dimensión que nadie ha medido: México no solo es cómplice por omisión. México es demandado. El caso B-Mex and Others v. The United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/16/3) es un arbitraje internacional activo en el que inversionistas estadounidenses acusan al Estado mexicano de haber violado sus obligaciones bajo el TLCAN. El fraude corporativo de Chow — la transferencia ilegal de acciones, la toma de control de los consejos de administración, las representaciones falsas ante SEGOB — no fue un acto aislado de un particular. Fue un acto que ocurrió con el conocimiento de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que México luego usó como argumento de defensa en el arbitraje, y que genera una exposición potencial de cientos de millones de dólares para el Estado mexicano en un fallo adverso.

Además de todo esto, la impunidad atraviesa tres administraciones. Bajo el PRI de Peña Nieto, SEGOB se reunió con Chow, aceptó sus representaciones fraudulentas sobre la propiedad de cinco casinos, y cuando los inversionistas demandaron, la Secretaría de Economía usó como defensa el mismo fraude que Chow cometió con conocimiento de SEGOB. Bajo Morena, durante seis años el gobierno de López Obrador heredó toda la documentación del caso y no hizo absolutamente nada. Los casinos de CAMSA siguieron operando como centros de acopio de fentanilo y cocaína, como centros de tortura, y como lavadoras de dinero del Cártel del Noreste. Nadie investigó. Nadie revocó permisos. Nadie preguntó.

Y cuando llegó Sheinbaum, lejos de corregir, el aparato estatal de Tamaulipas le seguía dando contratos al mismo hombre.

La pregunta no es por qué el Departamento del Tesoro tardó 17 años en actuar. La pregunta es por qué el único que actuó fue un particular, y por qué el Estado mexicano no solo eligió no perseguir a Chow, sino premiarlo. Y la pregunta que debería preocupar a los contribuyentes mexicanos: cuánto va a costarle a México el fallo del tribunal internacional que está pendiente, por haber protegido al mismo hombre que ahora Estados Unidos sanciona como operador del narco.

On November 14, 2009, a Mexican citizen did what the Mexican State never did: report José Benjamín Chow del Campo to U.S. authorities. That person was Simón Levy. Seventeen years later, on April 14, 2026, the U.S. Department of the Treasury finally acted: it sanctioned Chow's casinos and his company CAMSA for serving as infrastructure for the Cartel del Noreste to launder money, store fentanyl, and torture people.

Between those two dates lie 17 years of impunity protected by the Mexican State. And the thread that connects everything is a single one: Benjamín Chow and Juan Pablo Penilla operated within the same casino network serving the Cartel del Noreste. The CAMSA casinos, owned by Chow, were the money laundering vehicle that Penilla facilitated as a CDN operator and liaison to the Z-40. And Penilla was personal advisor to the Morena governor of Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, since January 2023.

In other words: the man Simón Levy reported in 2009 ended up operating the same casino network as the governor of Tamaulipas's advisor. And Morena didn't just fail to prosecute him: it rewarded him. In November 2025, the Tamaulipas State Attorney General's Office awarded CAMSA — Chow's company — over one million pesos in direct-award contracts. The Attorney General's Office that should be investigating organized crime was buying LED screens from the operational partner of the governor's advisor in the cartel's money laundering network. It wasn't an oversight. It was a reward.

No Mexican media outlet had managed to decipher this connection until now. The press reported OFAC's sanctions against the casinos. It reported the Tamaulipas Attorney General's contracts with CAMSA. It reported Penilla's sanction. But nobody connected the dots: that Chow and Penilla operated in the same network, that the same Chow was sued under the federal RICO Act (the U.S. anti-racketeering law) by American investors alleging a pattern of criminal activity — a case that was resolved to concentrate resources on the international route —, and that those same investors maintain an active arbitration against the United Mexican States before an ICSID tribunal under NAFTA Chapter 11, where the ruling could cost Mexico hundreds of millions of dollars.

And here is the dimension no one has measured: Mexico is not just complicit by omission. Mexico is being sued. The case B-Mex and Others v. The United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/16/3) is an active international arbitration in which U.S. investors accuse the Mexican State of violating its obligations under NAFTA. Chow's corporate fraud — the unauthorized transfer of shares, the takeover of boards of directors, the false representations to SEGOB — was not an isolated act by a private individual. It occurred with the knowledge of officials at the Ministry of the Interior (SEGOB), Mexico then used it as a defense argument in the arbitration, and it creates a potential exposure of hundreds of millions of dollars for the Mexican State in an adverse ruling.

Beyond all of this, the impunity spans three administrations. Under Peña Nieto's PRI government, SEGOB met with Chow, accepted his fraudulent representations about casino ownership, and when the investors sued, the Ministry of Economy used as its defense the very fraud Chow committed with SEGOB's knowledge. Under Morena, for six years the López Obrador government inherited all the case documentation and did absolutely nothing. CAMSA's casinos continued operating as collection points for fentanyl and cocaine, as torture sites, and as money laundering machines for the Cartel del Noreste. Nobody investigated. Nobody revoked permits. Nobody asked.

And when Sheinbaum took office, far from correcting course, the Tamaulipas state apparatus continued awarding contracts to the same man.

The question is not why the U.S. Treasury took 17 years to act. The question is why the only one who acted was a private citizen, and why the Mexican State chose not just to ignore Chow, but to reward him. And the question that should concern Mexican taxpayers: how much will Mexico pay when the pending international tribunal ruling comes down, for having protected the very man the United States now sanctions as a narco-operator.